En 2021 no lo sabíamos aún, pero ya se había tomado la decisión sobre el papel de la USAC en el sueño autoritario de Alejandro Giammattei, Miguelito y Walter Mazariegos. 

Fue con el apoyo del gobierno de Giammattei que el usurpador operó para bloquear la elección de Gloria Porras como representante de la USAC ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y en su lugar impuso a Héctor Pérez Aguilera. Fue con el apoyo del Gobierno que metieron presos a Murphy y a Gálvez, dado que ambos hacían estorbo en el camino de asunción a la rectoría del usurpador. Fue con apoyo del gobierno que se acarreó a todos los profesionales del Estado para que el usurpador ganara la mayoría de colegios profesionales. Fue con el apoyo del gobierno que se realizó la patética elección a rector con la presencia de apenas 72 de los 170 electores. Walter no habría podido actuar en solitario, y por eso hoy es mucho más débil de lo que aparenta.

Dos años atrás, el usurpador tenía a su disposición lo que necesitara del gobierno: dinero, jueces, votos, policías y apoyo político; fue así como montó su régimen y soportó las presiones. Hoy, del ejecutivo no recibe más que lo que manda la constitución y ha tenido que buscar alianzas directas en el sistema de justicia y el Ministerio Público (MP), las cuales son menos estables y más difíciles de mantener satisfechas. Lamentablemente, el actual gobierno no pasa del discurso y actúa con tibieza en el tema (como ya nos tiene acostumbrados) por temor a los antejuicios abiertos.

Hace dos años las clases continuaron virtuales, lo cual debilitaba la interacción y organización de los diferentes sectores universitarios; los liderazgos estudiantiles, docentes y sindicales electos en el momento asumieron una postura de oposición. Hoy estamos terminado el primer semestre presencial tras cuatro años de virtualidad. Sin embargo, las asociaciones y claustros no han tenido los necesarios recambios de liderazgos, por lo que muchos se encuentran cansados y perseguidos administrativa y penalmente.

No obstante, aunque pareciera que en dos años las cosas siguen igual, el contexto es muy diferente. Al usurpador se le derrumbó la principal fortaleza que tenía externamente y se vio obligado a atrincherarse y blindarse dentro de la Rectoría. Las sanciones internas dirigidas en contra de líderes de diferentes unidades académicas y los absurdos reglamentos de convivencia promulgados parecen más medidas paliativas para retrasar la reestructuración de una de las organizaciones gremiales más combativas e históricas de Guatemala:  LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

El usurpador sabe que le será mucho más difícil controlar a nuevos integrantes de un hipotético renovado Consejo Superior Universitario (CSU) comparado con el actual, por eso se rehúsa a convocar a elecciones; además, está obligado a demostrar su utilidad en las próximas Comisiones de Postulación en donde prácticamente se juega la vida política. Si no logra incidir a favor del Pacto de Corruptos, no tendrá utilidad para éste. 

El rector ilegítimo en este momento no cuenta con todo el respaldo y alianzas de hace dos años; desafortunadamente, el movimiento universitario está agotado y temeroso. Si en este momento se aplicara la presión de hace dos años, quizás otra sería la historia. 

Aún queda un largo camino para 2026, por lo que el usurpador no tiene seguro terminar su período como rector. Lo que sí es seguro es que no mantendrá el control de la universidad si no recurre a ilegalidades y bloqueos electorales, por lo que la mejor estrategia que podría tomar la resistencia ahora es promover la restauración de las dinámicas democráticas y legales de la universidad.