Por mandato de la Constitución, tanto la comisión de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la comisión de postulación para magistrados de las salas de apelaciones están presididas por un representante de los rectores de las universidades que funcionan en el país.

Según los periodos establecidos en la legislación, aproximadamente el 12 de junio debe estar conformada la comisión de postulación para iniciar el proceso de convocatoria y revisión de expedientes, por lo que antes de dicha fecha los rectores de las 15 universidades del país deberán reunirse y nombrar a dos personas que presidirán las comisiones.

Tradicionalmente, una de las dos comisiones es presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), lo cual le da un papel relevante al ser quien dicta tiempos e influye en los debates dentro de la comisión que preside. La comisión de la CSJ nombra a los 13 principales magistrados del Organismo Judicial y la de las salas de apelaciones nombra a 135 magistrados titulares.

Walter Mazariegos llegó a la rectoría con el apoyo absoluto del gobierno de Alejandro Giammatei y de distintos jueces y magistrados que detuvieron o aceleraron resoluciones a conveniencia, esto debido a diversos factores como el hecho de que muchos de ellos trabajan como docentes en la Usac o como que el rector de dicha casa de estudios podría incidir en una eventual reelección de magistrados en su puesto. 

Actualmente Mazariegos se encuentra debilitado al no contar con el apoyo incondicional del gobierno, por lo que necesita mantenerse vigente en las redes de cooptación del Estado a través de asumir un papel relevante en el nombramiento de la próxima generación de magistrados y jueces. Esto le daría un poco de oxígeno en medio de su debilitamiento político.

Por todo lo anterior, en Chalán consideramos sumamente importante respaldar la campaña que diversos sectores universitarios promueven, la cual busca aislar al usurpador de espacios de toma de decisión, debido a que no es una persona proba, no es una autoridad legítima y tiene muchos incentivos para utilizar un espacio como las comisiones de postulación para su beneficio personal y no para el bien común.