La Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) funciona con un Consejo Directivo incompleto, solo tiene cuatro de siete integrantes. Además, estuvo paralizada administrativamente por cuatro meses este 2024 debido a luchas internas de poder.

El director, César Paiz, entregó el cargo en enero y en su lugar asumió Regina Miranda por ser la docente titular con más antigüedad dentro del Consejo Directivo, así lo mandaba el reglamento. Y uno de los dos puestos de representante estudiantil fue nombrado por el Consejo Superior Universitario (CSU) a petición de la ECC.

El CSU tiene más de dos años de no convocar a elecciones para relevar a sus consejeros, aunque más del 90 por ciento de esos puestos ya vencieron. Esto ha afectado a facultades y escuelas que tampoco han podido elegir decanos, directores y otros cargos que integran sus Juntas y Consejos Directivos. 

En lugar de convocar a elecciones el CSU ha intervenido y nombrado a personas afines a la administración de Walter Mazariegos. Esa injerencia ha generado descontento entre algunos estudiantes, pero en otros casos ha amplificado la lucha por el poder que se libra en algunas unidades académicas.  

¿Qué pasó en la Escuela de Ciencias de la Comunicación? 🤨

Las sesiones del Consejo Directivo en la ECC se desarrollaron en los últimos dos años en un ambiente hostil que se intensificó en septiembre del 2022 luego de que el entonces director, César Paiz, separara del cargo a Iván Porres, uno de los dos representantes estudiantiles, electo en 2022, quien renovó su matrícula estudiantil tardíamente en 2024, situación que fue utilizada para su separación del cargo.

Acto seguido, el representante docente Julio Ochoa (acusado hace algunos años de corrupción y manipulación electoral ) junto con el otro representante estudiantil, Guillermo Herrera ; renunciaron a sus cargos en un aparente intento por sabotear el funcionamiento del Consejo Directivo. Situación que fue aprovechada por el CSU para intervenir el órgano en lugar de solucionar la disputa.

Ochoa, Herrera y Porres fueron acusados por el Consejo Directivo de ausentarse, interrumpir y entorpecer las sesiones entre 2022 y 2024. Mientras que ellos tres pedían la destitución del secretario, Héctor Salvatierra, a quien señalaban de ejercer el poder “detrás de Paiz”, manipular las actas de las sesiones y “reprimir” a Porres por haber solicitado la certificación de su inscripción.

La imposibilidad de celebrar las reuniones paralizó todos los trámites administrativos y académicos en la Escuela por lo que, en abril de este año, Regina Miranda, directora en funciones, acudió al CSU para exponer el caso y solicitar ayuda para resolver el conflicto.

Cronología de la disputa 🗓️🥊

El conflicto explotó en la sesión virtual extraordinaria del 21 de septiembre de 2022. Después de leer el orden del día, Salvatierra dijo que parecía “costumbre” que los representantes Porres, Herrera y Ochoa se pronunciaran antes de entrar a conocer los puntos de la agenda para después “encadenar una serie de pretextos, ataques, ofensas y tergiversaciones e inmediatamente después abandonan la sesión e impiden las sesiones y resoluciones”.

Después informó que solicitó al Departamento de Registro y Estadística el reporte de inscripción de Herrera y Porres y descubrió que Porres no estaba inscrito por lo que recomendó que debía dejar el cargo.

Según la narración que se lee en los documentos adjuntos en el Acta 08-2024 del CSU, comenzaron los gritos e insultos. Mientras Salvatierra leía, Ochoa comenzó a gritar para interrumpirlo le dijo que le daba “vergüenza y asco” escucharlo y lo acusó de adulterar actas. Herrera se sumó a la escena y señaló al secretario de “retorcer” las leyes. En tanto que Porres exigió que quedara constancia que el secretario fue quien expuso el caso y se retiró de la sesión.

Herrera intervino para decir que no se respetó la agenda y que la reunión carecía de legalidad. Ochoa advirtió que enviaría un documento por correo electrónico y casi al mismo tiempo ambos se desconectaron de la sesión.

Poco después llegó el correo de Ochoa reclamando que se cambió a último momento el enlace de la reunión, que convocaron con menos de 24 horas de anticipación, solicitó al secretario que presentara su renuncia a la “brevedad” y señaló que las reuniones extraordinarias convocadas el 20 y 21 de septiembre eran ilegales.

Porres también mandó un correo electrónico en el que acusó a Salvatierra de abuso de autoridad y de querer tomar el control “arbitrariamente”.

Al día siguiente, el 22 de septiembre de 2022, Paiz emitió el Acuerdo 20-2022 en el que “acordó separar inmediatamente” a Porres del cargo. No solo por incumplir el requisito de inscripción, sino por no haber informado sobre su situación académica al Consejo Directivo. En el documento también se explicó que durante los días 19, 20 y 21 de ese mes no se pudo celebrar ninguna sesión ordinaria ni extraordinaria convocada debido a la “obstaculización” que desde hace dos meses realizaban Herrera, Ochoa y Porres.

Ocho días después, Porres respondió por escrito aclarando que tanto él como Guillermo Herrera asistieron a todas las sesiones y alegó que estas deberían ser presenciales y no virtuales (a pesar de que en ese momento la Usac estaba tomada por la protesta contra Walter Mazariegos), acusó a Paiz de abuso de autoridad y exigió una disculpa pública por “atentar contra su honra”.

“Dicho Acuerdo de Dirección 20-2022 queda nulo ipso jure (por el derecho), ya que mi persona está inscrita en el ciclo académico 2022”, manifestó Porres en la carta dirigida a César Paiz.  

Tres días después, Ochoa presentó una denuncia contra Paiz por abuso de autoridad y usurpación de funciones por “desaforar” a Porres. El catedrático calificó la decisión de Paiz como “espuria” porque no le dio al estudiante el derecho a defenderse. 

“Usualmente yo me inscribo entre febrero y marzo (…) luego del fraude electoral de 2022 los servidores se caen y esa problemática no se solventó sino hasta julio-agosto y ocurre que para ese momento yo no pude inscribirme y como ya había pasado cierto tiempo, si es algo que yo acepto no me recordé en tomar mi inscripción” reconoció Porres.

“Lo que hace Héctor Salvatierra, aplicando también prácticas Orwellianas (George Orwell), de vigilar y castigar cuando se dio cuenta que no estaba inscrito y con ese argumento me desafora”, agregó el estudiante.

A partir de esa sesión del tres de octubre hasta noviembre de ese año, Ochoa ingresaba a las reuniones solo para exigir la renuncia del secretario y reiterar las denuncias contra Paiz.

Mientras que Gustavo Herrera preguntaba al inicio de cada reunión si Porres podía ingresar y al recibir una negativa, advertía que la sesión estaba siendo transmitida en directo por Facebook en la página ECC Representantes Estudiantiles. Después de sus cortas y repetitivas intervenciones, Ochoa y Herrera abandonaban las sesiones por lo que se rompía el quórum.

En las sesiones de 2023, Guillermo Herrera no insistió tanto en pedir la presencia de su compañero, quien tampoco intentó participar, y los ánimos se calmaron temporalmente.

Problema escala al CSU 🫢

La tensión volvió en 2024 cuando el Consejo Directivo reanudó las reuniones presenciales en la Escuela pues en ese primer encuentro apareció Porres. Su presencia generó una fuerte discusión pues el director le pidió que se retirara porque ya no era parte del Consejo, Ochoa y Herrera lo defendieron y se inició una fuerte discusión entre ambos bandos.

Después de ese enfrentamiento verbal no se pudieron realizar las siguientes sesiones, según el Consejo Directivo porque Ochoa y Herrera se negaban a participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por la Dirección.

Por lo que docentes y estudiantes fueron afectados porque no se podían firmar contratos laborales, realizar exámenes privados de las carreras técnicas, procesos de EPS, ni exámenes privados de trabajo de grado. Tampoco se podía extender certificaciones de cursos ni cierres de pensum, entre otros trámites.

Así que la nueva directora en funciones, Silvia Regina Miranda acudió al CSU para que resolver los problemas.

“En mayo de este año el Consejo Superior Universitario dictaminó en primer lugar que efectivamente Iván Porres no podía ser miembro del Consejo Directivo (…) y que a Regina Miranda le correspondía (el cargo de directora) dado de que es la representante docente de mayor antigüedad porque asumió en febrero de 2020 mientras que Marco Julio Ochoa lo hizo en marzo de 2022 (…) y el Consejo Superior Universitario resolvió que el Consejo Directivo resolviera todo lo que estaba paralizado”, explicó Salvatierra.

“Los representantes Ochoa y Herrera no atendieron la disposición del Consejo Superior Universitario y lo que hizo el Consejo fue nombrar al sustituto de Iván Porres y este nombramiento recayó en un representante estudiantil del Consejo Superior Universitario de nombre Óscar García, él es estudiante de derecho, y de esa manera fue que lograron liberar todas las situaciones que estaban detenidas”, añadió.

Estudiantes descontentos 🤬😡

En medio de todo el conflicto y de la lucha de poder político que se libraba en el Consejo Directivo, diferentes grupos de estudiantes se pronunciaban en contra de Silvia Regina Miranda y de Ana Cecilia Andrade, representante de egresados.

La Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación José León Castañeda publicó en abril un comunicado donde expresaron que desconocían la autoridad y figura de Miranda y señalaron a Andrade por su “falta de voluntad” para participar en las reuniones del Consejo Directivo de la Escuela. También manifestaron su rechazo hacia Héctor Salvatierra y dijeron que su intervención en los procesos académicos y administrativos resultaba “improcedente”.

El repudio también se manifestó a través de los perfiles de Facebook ECC Representantes Estudiantiles y Consejo Consultivo ECC. En la página de los representantes se exponía además documentos en donde señalaban a sus opositores de entrampar las sesiones.

Responsabilidad del CSU 🔍

Mynor Alonzo, analista político y exdirigente estudiantil de Usac es Pueblo, comentó que estos conflictos tienen múltiples causantes y problemas como que el poder se disputa entre las “mismas roscas” en donde los bandos ya están bien establecidos. Además de que en la mayoría de la universidad más de la mitad de los docentes son interinos y no titulares, lo que a su parecer dificulta la correlación de fuerzas.

Héctor Salvatierra reconoció que lo que sucede en la ECC es una lucha de poder entre dos bandos, el suyo y otro conformado por Claudia Molina, Marco Julio Ochoa y los exdirectores, Gustavo Bracamonte y Sergio Morataya.

“Para este tipo de conflictos la mejor manera para poder regularse son las elecciones, pero el contexto en donde llevamos más de dos años sin elecciones con el 90 por ciento de las autoridades vencidas y con un Consejo Superior que para poder proteger el dominio que tiene dentro de la Universidad no busca resolverlos, sino controlar todos los espacios posibles hace que se agudicen los problemas”, dijo Alonzo.

La Escuela de Ciencias de la Comunicación tiene un presupuesto aproximado de Q16 millones de los cuales el 90 por ciento sirve para cubrir pago de salarios de 44 profesores titulares, 50 interinos y 32 trabajadores administrativos y de servicios.

Varios estudiantes, aparte de Iván Porres y Guillermo Herrera, ya se están organizando para crear nuevas asociaciones estudiantiles con el objetivo buscar espacios de participación dentro de la Escuela.

Anexo: gastos sin concurso (NGPs) de las Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) en el 2024 según datos de Guatecompras